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Legislación/Jurisprudencia/Competencia Laboral

COMPETENCIA LABORAL

 

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EN ACCIONES POR ACCIDENTES FUNDADOS EN LA LEY CIVIL

MUNILLA, GLADYS NANCY c/UNITY OIL SA - CSJN - 6/10/1998

 

Las acciones fundadas en la ley civil que tienen por objeto la reparación de un accidente de trabajo son de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo.

 

OPINION DEL PROCURADOR

FISCAL DE LA NACION

Buenos Aires, 31 de agosto de 1998

I - La actora, con base en los artículos 1068/9, 1074, 1083, 1107, 1109 y 1113 del Código Civil; 75 de la ley de contrato de trabajo; ley 19587; decreto 351/79 y Plenario 169 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, promovió demanda contra Unity Oil SA por ante el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 105, peticionando la reparación del accidente acaecido el 20/9/1996, mientras prestaba tareas para la accionada (fs. 8/32).

Planteó, además, la inconstitucionalidad de los artículos 1º y 39 de la ley 24557, a su modo de ver, contrarios a los artículos 14 bis, 16 a 18, 28, 31, 33 y 75, incisos 22) y 23), de la Cámara Nacional, y a diversos preceptos de derecho internacional que enumera (ver fs. 15 vta./28).

El juez actuante -conteste con el criterio de la representante del Ministerio Público Fiscal (ver fs. 34)- con base, centralmente, en la derogación de la ley 24028 por la ley 24557 [disposición final 3a, ap. 3)] y en lo previsto por los artículos 39, incisos 1) y 2), y 49), disposición adicional 5 a, de aquella última, se inhibió a entender, disponiendo la remisión de los actuados a la Justicia del Trabajo (fs. 35).

Apelada dicha decisión (fs. 33/7), con apoyo, esencialmente, en la previsión del artículo 43 del decreto-ley 1285/58, la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, acorde con el criterio expuesto por el señor agente fiscal a fojas 44/5 y con amparo en los artículos 46 y 49 de la ley de riesgos del trabajo y 20 de la ley 18345, confirmó la decisión de grado (fs. 46).

Arribada la causa al Juzgado Nacional del Trabajo Nº 34, su titular, compartiendo el dictamen del representante del Ministerio Público (ver fs. 53) y con base sustancial en el artículo 43 del decreto-ley 1285/58 y en el planteo de invalidez constitucional de los artículos 1º y 39 de la ley 24557 efectuado por el accionante, se inhibió de entender, pronunciándose a favor de la aptitud jurisdiccional de la Justicia Nacional en lo Civil (fs. 54/5).

En tales condiciones, corresponde a Vuestra Excelencia dirimir la contienda de competencia suscitada en estas actuaciones, dado lo previsto por el artículo 24, inciso 7), del decreto-ley 1285/58, texto según ley 21708.

II - Previo a examinar la presente contienda de competencia, procede señalar que la cuestión relativa a la fecha de entrada en vigencia de la ley 24557, fue objeto de análisis de este Ministerio en ocasión de dictaminar la causa "Alessi, Daniel c/Codel SATIyC s/accidente ley 9688"; SCComp. 132, L. XXXIII; fallada por Vuestra Excelencia por sus fundamentos, el 3 de octubre de 1997; oportunidad en que se precisó como tal el 1 de julio de 1996. De ello se desprende que, tanto a la fecha de acaecimiento del infortunio de la actora (20/9/1996); de las actuaciones previas ley 24357 (20/6/1997); como del inicio del reclamo (28/10/1997), regía la nueva ley 24557.

Dicho plexo normativo, como tuvo ocasión de precisarse al dictaminar la causa "Jordán, Antonio V. y otro c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/accidente ley 9688"; SCComp. 991, L. XXXIII; fallada por Vuestra Excelencia por sus fundamentos, el 30 de junio del corriente -a la que se remite, en lo pertinente- no considera las hipótesis de los artículos 1109, 1113 y restantes del Código Civil, coherente con lo dispuesto por el artículo 39, apartado 1), de la ley 24557, que, dadas las prestaciones previstas por dicha norma, exime a los empleadores de responsabilidad civil frente a los trabajadores y a sus derechohabientes; limitándose a prever la del artículo 1072 de dicho Código -sometida sí, en Capital Federal, a la Justicia Nacional en la materia- la que no es objeto de litigio en esta causa [ver art. 46, ap. 2), LRT].

En tales condiciones y habida cuenta de lo dispuesto por el artículo 1º, apartado 1), de la ley 24557 ("La prevención y reparación de los daños derivados de los riesgos del trabajo se regirán por esta LRT y sus normas reglamentarias..."), resulta obvio, entonces, habiéndose iniciado la demanda vigente el nuevo dispositivo, y respecto de un evento dañoso igualmente posterior al 1/7/1996 que, de tratarse la pretensión de un mero reclamo relativo a un infortunio laboral, debería estarse a las prestaciones y al trámite establecido por la ley 24557 y sus dispositivos reglamentarios; particularmente, el decreto 717/96.

Empero, como antes se expuso, previo plantear la invalidez de los artículos 1º y 39, ley 24557 y, aun cuando no resulte explícitamente, estimo, de los preceptos que se le siguen [por ejemplo, art. 49, disp. adicional 1a, ap. 2)], el actor accionó, en sede civil, persiguiendo la reparación de su perjuicio en los términos, centralmente, de los artículos 1109 y 1113 de dicho Código; posibilidad, no es ocioso reiterarlo, excluida del nuevo régimen (art. 39, LRT) y que no puede, por ende, planteo de inconstitucionalidad mediante, examinarse con arreglo sólo a sus principios, ni siquiera en una perspectiva limitada como la que atañe a la competencia.

Esa circunstancia impone, en cambio, siempre a mi modo de ver, habida cuenta que la objeción introducida a la ley 24557 alcanza a la validez, en sí misma, de la vía por el derecho civil, y no a una disposición que discierne una atribución de competencia, respecto de la cual debería mediar necesariamente un pronunciamiento del juez requerido para resolver su abocamiento, que la contienda se resuelva a favor de la jurisdicción eventualmente apta para conocer en el reclamo de fondo (art. 4º, CPCC), prescindiéndose, por cierto, a estos efectos, de la cuestión relativa a la resolución previa de la presunta inconstitucionalidad de la vía.

A ese respecto, cabe recordar, como se puntualizara en las precitadas "Alessi..." y "Jordán...", que la ley 24028 -hoy derogada- innovó al determinar la competencia del fuero civil respecto de los reclamos por infortunios laborales basados en el derecho común, toda vez que su artículo 16, estableció una excepción respecto de la regla general del artículo 20 de la ley 18345, apoyada, esta última, en el principio de que concernían a su ámbito todas las causas fundadas en normas de derecho del trabajo, a más de aquéllas entre trabajadores y empleadores relativas a un contrato de trabajo, aun cuando basadas en previsiones de derecho común, lo que, obviamente, incluía reclamos por infortunios laborales asentados en los artículos 1072, 1109 y 1113 del Código Civil.

Tal innovación, a la fecha, es indispensable volver a decirlo, sólo ha sido preservada, en materia de riesgos, para el caso del artículo 1072 del Código Civil [ver art. 46, ap. 2), LRT], habiendo sido derogada en lo que atañe a las restantes hipótesis de responsabilidad civil, por lo que, estimo, subsistente aquel principio foral (art. 20, LO) e insistiendo el actor respecto de la validez de la vía por el derecho común, que la Justicia Nacional del Trabajo es la llamada a entender en esta presentación, desde que, despojada la controversia de su innegable complejidad jurídica, nos encontramos frente a un infortunio suscitado en el marco de una relación de trabajo que tiene por sujeto pasivo a un empleador, en el que se reclama una reparación con amparo en disposiciones de derecho laboral y común, todo en consonancia con el citado artículo 20.

A ello se agrega, como se expusiera si bien respecto de una hipótesis distinta en la precitada "Jordán...", que la atribución específica de una aptitud jurisdiccional a determinados juzgados para entender en ciertas materias, en el caso, contrato de trabajo, cabe entenderla indicativa de una especialización que el orden legal les reconoce, particularmente relevante a falta de previsiones que impongan, nítidamente, una atribución distinta; más aún, atendiendo al énfasis puesto por el actor en destacar el supuesto incumplimiento por el empleador de los deberes establecidos por la ley 19587 y el decreto 351/79 (art. 75, LCT), preceptos de indubitable naturaleza laboral, a cuya consideración no resultó ajeno ese Alto Cuerpo en los precedentes "Jaimes, Juan Toribio c/Alpargatas SA s/acción continua artículo 75, de la ley de contrato de trabajo"; SC Comp. 219, L. XXXI, 5/11/1996; y "Medina, Luis Alfredo c/Alpargatas s/daños y perjuicios (accidente de trabajo)"; SC Comp. 153, L. XXXIII, 21/8/1997; si bien referidos ambos, estrictamente, a la acción basada en el artículo 75, de la ley de contrato de trabajo, vigente el artículo 16 de la ley 24028.

A mérito de lo expuesto, estimo corresponde que la presente continúe su trámite ante el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 34, a donde deberá remitirse, a sus efectos.

Felipe D. Obarrio

SENTENCIA

Buenos Aires, 6 de octubre de 1998

AUTOS Y VISTOS:

De conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador Fiscal, SE DECLARA que resulta competente para seguir conociendo en las actuaciones el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 34, al que se le remitirán. Hágase saber lo resuelto al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 105 y a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G.

Eduardo Moliné O'Connor - Augusto C. Belluscio - Enrique S. Petracchi - Gustavo A. Bossert - Adolfo R. Vázquez

 

 

LA COMPETENCIA EN LA ACCION CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS

DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY 24557

NOTA AL FALLO

Amanda B. CAUBET

Pese a que el fallo que trato data del 6 de octubre de 1998, considero oportuno comentarlo en momentos en que con frecuencia se articula la acción con fundamento en los artículos 1068, 1069, 1074, 1083, 1107 y 1113 del Código Civil por considerarse que el artículo 39 de la ley 24557, que bloquea a los trabajadores el acceso a la acción integral de reparación de daños y perjuicios del derecho común citado, es inconstitucional.

Sobre el punto recuerdo la regla general del artículo 20 de la ley 18345 según la cual corresponden a la competencia laboral todas las causas entre trabajadores y empleadores, aun cuando se encontraban basadas en el derecho común, lo que obviamente incluye reclamos por infortunios laborales fundados en normas civiles más arriba citadas. Es cierto que para que se pueda asumir la competencia debe levantarse el bloqueo producido por el artículo 39 de la ley de riesgos del trabajo, ya que para ello deberá declararse la inconstitucionalidad de la disposición citada: este pronunciamiento sólo puede ser emitido por la justicia a la cual se ha atribuido la competencia en el derecho de fondo.

 

 

 

LA TUTELA DE LA LIBERTAD SINDICAL Y LA ACCION POR PRACTICA DESLEAL. INAPLICABILIDAD DEL PROCEDIMIENTO QUE PREVE EL ARTICULO 47 DE LA LEY 23551

CHINSKI, ALBERTO c/ASOCIACION ISRAELITA DE BENEFICENCIA Y SOCORROS MUTUOS EZRAH - CNTRAB. - SALA V - 31/8/1999

1. La vía establecida en el artículo 47 de la ley 23551 no es apta para resolver los casos de prácticas antisindicales cuando se configuran aparentes tratos discriminatorios.

2. El amparo que prevé el artículo 47 de la ley 23551 sólo alcanza a los trabajadores que poseen un cargo sindical o algún otro cargo de origen gremial que determine estabilidad.

ASPECTOS FUNDAMENTALES

El doctor Lescano dijo:

I - Admitida la queja del actor por apelación denegada (fs. 394) y agregado en Primera Instancia el memorial respectivo -conforme lo ordenado por la Cámara-, corresponde pronunciarse acerca de los argumentos vertidos por el actor tendiente a justificar su participación en las medidas de acción directa, para enervar los efectos del despido de que fue objeto por la empleadora.

II - La quejosa apeló del fallo puntualmente porque el juzgador se sustrajo por completo de examinar si el despido dispuesto por la institución demandada configuraba un acto discriminatorio que jurídicamente encuadraría en el marco de la ley 23592, al omitir analizar las pruebas producidas y los propios hechos de los que surgía una respetuosa crítica a la Comisión Directiva. Que si en base a la falta de solución a los problemas gremiales que suscitaban la falta de pago de los sueldos, emitió una opinión política sobre las autoridades de la institución demandada y lo hizo en un ámbito gremial como las asambleas y reuniones de jefes de servicios convocados por la asociación médica, el despido constituye un acto discriminatorio que debe ser declarado nulo y condenar a aquélla a reparar el daño material y moral causado. Asimismo si en base a lo dispuesto por el artículo 53 de la ley 23551, la actitud del EZRAH configura una práctica desleal que no puede dejarse sin sanción. De allí que condicionar el amparo otorgado por el artículo 47 de la ley citada, a los trabajadores que detentan el cargo de representante sindical, implicaría exponer a la arbitrariedad de las empresas a los trabajadores que participan en un legítimo reclamo gremial (fs. 398/400).

III - El Juez de Primera Instancia, después de señalar que la indemnización por despido no fue reclamada y que la regulada en los artículos 242 y 245 de la ley de contrato de trabajo incluyen cualquier otro tipo de reparación que se pretenda por el distracto, aduna que la petición del actor para que se lo reinstale en su puesto de trabajo debe ser desestimada, por no resultar de aplicación la ley 23551 ya que no acreditó que desempeñara ningún cargo gremial.

IV - Adelanto opinión en el sentido que deberá ser confirmado lo decidido en la sentencia recurrida con alguna salvedad, porque si el presupuesto condicionante para que se torne viable una declaración judicial de tutela sindical previa, lo constituye la circunstancia de que el empleador despida, suspenda o modifique las condiciones de trabajo, pero de un dirigente gremial ya sea que ocupe cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial o postulado para un cargo, cualquiera sea la representación. Ello explica que el actor -con abstracción de que pudo haber sido despedido injustificadamente e incluso objeto de discriminación-, en tanto y en cuanto no reviste ninguna de las calidades gremiales precedentemente mencionadas, va de suyo que no está alcanzado por los beneficios de la susodicha garantía.

Que en el supuesto más favorable par la tesis del quejoso, que se entendiera que efectivamente la conducta de la demandada configuraría una práctica desleal -art. 53, inc.

j), L. 23551- como alude el quejoso en el memorial, es evidente que en modo alguno pudo accionar invocando el artículo 47 de la ley citada, para obtener la reinstalación prevista en el artículo 52, dado que sin perjuicio, que no está en discusión que el actor no era un representante sindical de los contemplados por los artículos 48 y 50 de la presente ley, el remedio procesal que la ley prevé en los casos de manifestaciones de práctica antisindical cuando se configuran aparentes tratos discriminatorios, es la promoción de una querella instituida por el artículo 54 de la ley citada, para obtener su reparación por medio de la imposición de una multa o el cese de los actos motivantes (art. 55, ley citada).

El doctor José Emilio Morell manifestó: que por análogos fundamentos, adhiere al voto del señor Juez de Cámara preopinante.

 

 

ALCANCES DE LA TUTELA SINDICAL

NOTA AL FALLO

Amanda B. CAUBET

El artículo 47 de la ley 23551 establece una acción de amparo para "todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical" garantizados por dicha ley, y podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente, conforme al procedimiento sumarísimo establecido en el artículo 498 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación, o equivalente de los códigos procesales, civiles, provinciales, a fin de que éste disponga, si correspondiera, el cese inmediato del comportamiento antisindical.

He entendido que esta garantía debe ser interpretada en sentido amplio, y que alrededor de ella gira toda la protección del sistema, lo cual a mi modo de ver es comprensivo tanto de los derechos consagrados en el título preliminar de la ley (arts. 1º, 4º, 5º y concs.), como de su reglamentación legislativa desarrollada en todo el articulado de la ley. Y particularmente considero que el artículo 47 sería aplicable para los supuestos de prácticas desleales, ya que lo precisado en el artículo 63 que se refiere al procedimiento sumario puede estar ligado al reclamo de la Autoridad de Aplicación por una multa impuesta por práctica desleal, pero no a los casos previstos en el artículo 53, ya que las prácticas antisindicales contrarían flagrantemente la libertad sindical, y la acción de amparo inherente a dicha tutela es la del artículo 47.

En el caso que ha tratado la Sala V no hay decisión administrativa alguna que haya impulsado el procedimiento, sino que el trabajador afectado somete a consideración del tribunal un acto discriminatorio que podría encuadrar en la ley 23592, y me parece claro que estando en tela de juicio la libertad sindical, esta ley así como el artículo 46 de la Constitución Nacional resultan claros en cuanto a que el daño debe cesar y a que la vía es la inmediata que prevé la acción de amparo.

 

 

8 PROCEDIMIENTO LABORAL. SENTENCIA JUDICIAL. COSTAS PROCESALES. RECURSO EXTRAORDINARIO. APLICACION DEL ARTICULO 279 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION. VIOLACION DEL PRINCIPIO "REFORMATIO IN PEJUS"

GENOFF, MIGUEL ANGEL c/CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SA - CSJN - 25/8/1998

Si bien lo atinente a la distribución entre las partes de los gastos del juicio, así como la determinación de los emolumentos profesionales, constituyen cuestiones que, en virtud de su naturaleza fáctica y procesal, son propias de los jueces de la causa y ajenas, en principio, al recurso extraordinario, corresponde hacer una excepción a tal regla cuando el Tribunal de Alzada viola los límites de su competencia apelada, lo que torna descalificable su decisorio con arreglo a la doctrina sobre arbitrariedad.

Si bien el artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación autoriza a la Cámara a adecuar las costas y el monto de los honorarios en el supuesto de que revoque y/o modifique el fallo de primera instancia, la aplicación de tal directiva no la faculta para agravar la situación del sujeto apelante y violar el principio de "reformatio in pejus".

SENTENCIA

Buenos Aires, 25 de agosto de 1998

VISTOS:

Los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa 'Genoff, Miguel Angel c/Cervecería y Maltería Quilmes SA'", para decidir sobre su procedencia.

CONSIDERANDO:

1) Que contra la sentencia de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (fs. 462/7 de los autos principales), en cuanto impuso las costas de ambas instancias en un 70% al actor y elevó los honorarios de la representación letrada de las partes y de los peritos, aquél interpuso el recurso extraordinario (fs. 473/83) cuya denegación dio origen a la presente queja.

2) Que según surge de autos, la sentencia de primera instancia rechazó la demanda, impuso las costas por el orden causado y las comunes por mitades, y reguló los honorarios a los profesionales y peritos (fs. 418/26). Sólo el actor apeló tal pronunciamiento (fs. 434/42), cuestionando también los honorarios fijados por considerarlos altos. Por otra parte, únicamente los peritos contador e ingeniero recurrieron sus remuneraciones por estimarlas bajas (fs. 444/5 y 427).

3) Que el Tribunal a quo, al revocar la decisión de grado, hizo lugar parcialmente a la demanda. Asimismo, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, impuso las costas de ambas instancias en un 30% a la demandada y en un 70% al actor, al tiempo que elevó la totalidad de los honorarios fijados en la instancia anterior.

4) Que no obstante que lo atinente a la distribución entre las partes de los gastos del juicio así como la determinación de los emolumentos profesionales constituyen cuestiones que, en virtud de su naturaleza fáctica y procesal, son propias de los jueces de la causa y ajenas, en principio, a la vía del artículo 14 de la ley 48, se estima que en el caso cabe hacer excepción a dicha regla pues el a quo, al resolver como lo hizo, violó los límites de su competencia apelada, lo que hace descalificable lo decidido con arreglo a la doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad (Fallos - T. 311 - pág. 2687).

5) Que, en efecto, si bien el artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación autoriza a la Cámara, si revoca o modifica la sentencia de primera instancia, a adecuar las costas y el monto de los honorarios al contenido de su pronunciamiento, tal norma no la faculta a agravar la situación del actor -único apelante-, cuyo recurso, por lo demás, fue considerado admisible y dio lugar al progreso parcial de la demanda (conforme precedente citado).

6) Que, en tales condiciones, corresponde admitir el recurso interpuesto, pues en cuanto modifica el régimen de costas de primera instancia y eleva los honorarios de la representación letrada de las partes y del perito médico, el Tribunal a quo incurrió en una indebida "reformatio in pejus" al colocar al único apelante -actor- en peor situación que la resultante del pronunciamiento recurrido, lo que constituye una violación en forma directa e inmediata de las garantías de defensa en juicio y propiedad, extremo que hace descalificable lo decidido con arreglo a la doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad (Fallos - T. 315 - pág. 127 y T. 318 - pág. 2047).

Por ello, SE HACE LUGAR a la queja, SE DECLARA PROCEDENTE el recurso extraordinario y SE DEJA SIN EFECTO la resolución recurrida con el alcance indicado. Con costas (art. 68, CPCC). Vuelvan los autos al Tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo resuelto. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y remítase.

Julio S. Nazareno - Eduardo Moliné O' Connor - Carlos S. Fayt - Augusto C. Belluscio - Antonio Boggiano - Guillermo A. F. López - Adolfo R. Vázquez

 

 

LA PROHIBICION DE "REFORMATIO IN PEJUS" Y EL ARTICULO 279

DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION

NOTA AL FALLO

Carlos POSE

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, al resolver un recurso de apelación contra la sentencia definitiva y en toda apelación con efecto inmediato (ver arts. 116 y 126, L. 18345), tiene la obligación de hacerlo con plenitud, o sea que no puede descalificar el decisorio de primera instancia por arbitrario y remitirlo a un juez inferior para que emita otro decisorio concordante con su pensamiento, sino que debe emitir el pronunciamiento que corresponda conforme a derecho y podrá, en su caso: a) confirmar el fallo apelado; b) revocarlo y disponer lo que corresponda -sea la recepción del reclamo o el rechazo de la demanda- y c) modificar parcialmente el fallo.

No obstante, en caso de revocación o modificación del pronunciamiento del Juez de Grado, la Cámara debe fijar el nuevo monto de la condena y resolver sobre las costas procesales y el monto de los honorarios correspondientes por proyección del artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que resulta aplicable al procedimiento laboral por imperio del artículo 155 de la ley orgánica (t.o. D. 106/98).

En el caso que nos ocupa (CSJN - sent. del 25/8/1998 - G. 598.XXXIII, "Genoff, Miguel Angel c/Cervecería y Maltería Quilmes SA"), el Superior Tribunal de la Nación -vía recurso extraordinario- descalifica un pronunciamiento de la Cámara Laboral por estimar, en concreto, que ha efectuado una incorrecta aplicación de las previsiones del artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por haber agravado, mediante su proyección, la situación del único apelante, violando la prohibición de "reformatio in pejus".

Ahora bien, la figura de la prohibición de la "reformatio in pejus" no constituye otra cosa que una prohibición impuesta al Juez Superior de toda posibilidad de empeorar la situación del recurrente en aquellos supuestos en que no ha mediado recurso del adversarioy ha sido pacíficamente admitida por la jurisprudencia al señalar, por ejemplo, que la jurisdicción de las Cámaras está limitada por el alcance de los recursos concedidos que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y la prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (conforme: CSJN - sent. del 25/2/1992, "Ferreyra c/Ulloa" - DJ Nº 6789; sent. del 13/10/1994, "Concencioca, Juan M. y otros c/MCBA" - LL - T. 1995-B - pág. 316; 23/9/1995 - "The Coca Cola Company y otros", entre muchos otros).

No obstante ello, no recordamos que en alguna ocasión se haya emitido un decisorio tan específico como el que nos ocupa y que se haya expresamente declarado que el principio de referencia -es decir, el de prohibición de la "reformatio in pejus"- resulte aplicable dentro del esquema de revisión autorizado por el artículo 279 del Código Procesal cuya aplicación resulta imperativa para el Tribunal.

El precepto de referencia se apoya -según doctrinaen el principio de economía procesal, y obliga a los Jueces de Cámara a revisar oficiosamente -es decir, aunque no haya agravio de la parte apelante- lo resuelto en materia de costas y honorarios cuando su sentencia revoque y/o modifique el fallo de primera instancia.

"A contrario sensu", el artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resulta inaplicable e inoperante en los supuestos en que el fallo de Cámara confirme el de primera instancia, ya que la posibilidad de revisión de costas y honorarios estaría únicamente legitimada mediante la presentación de agravios específicos sobre el tema.

Al enfatizar el Superior Tribunal de la Nación que las directivas del artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no pueden implicar una autorización para agravar la situación de la parte apelante, impone un claro valladar a esta potestad de revisión oficiosa del fallo de primera instancia por parte del Tribunal de Alzada, limitación que resulta congruente con los principios generales del derecho procesal y que, por ende, no puede ser desconocida y/o vulnerada so pena de afectar directivas de rango constitucional (arts. 17 y 28, ley fundamental).

En tal sentido, cabe memorar las apreciaciones efectuadas por Palacio en oportunidad de estudiar el tema, al expresar que "la prohibición de reformar la sentencia en perjuicio del único apelante cuenta, en nuestro derecho, con respaldo constitucional, pues preserva la vigencia de la garantía de la defensa en juicio y del derecho de propiedad en tanto, respectivamente, impide el empeoramiento de una situación jurídica frente a un recurso que la ley concede para lograr su eventual mejora, y asegura la estabilidad de las resoluciones judiciales que, en los aspectos no impugnados, configuran un derecho adquirido para la parte a quien benefician".

 

 

9 CONTRATO DE TRABAJO. ARTICULO 76 DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO. RESPONSABILIDAD EMPRESARIA. REINTEGRO DE COSTAS JUDICIALES DERIVADAS DE UN JUICIO POR MALA PRAXIS

GARCIA FERNANDEZ, JORGE R. c/CENTRO MEDICO OBLIGADO SRL - CNTRAB. - SALA X - 17/7/1998

El artículo 76 de la ley de contrato de trabajo, cuando hace mención a los "bienes" del trabajador, lo hace en el sentido jurídico de cosas -objetos materiales susceptibles de tener un valor- sin legitimar una tutela genérica de sus bienes. Por ello, la protección legal impuesta por tal norma no abarca los daños que genéricamente pueda sufrir el trabajador en sus derechos patrimoniales, tales como las costas judiciales que debió satisfacer para defenderse en un juicio por mala praxis médica, en el que se exoneró al dependiente de toda responsabilidad, siendo improcedente el pedido de resarcimiento material y moral.

ASPECTOS FUNDAMENTALES

El doctor Simón dijo:

El actor, en su carácter de médico, fue demandado por mala praxis y, no obstante, el resultado favorable para su parte en el fuero civil, se impusieron las costas por su orden y se vio obligado a abonar una suma de dinero en concepto de honorarios profesionales de sus letrados. Reclama el resarcimiento material y moral con fundamento en el artículo 76 de la ley de contrato de trabajo.

El tema que nos ocupa (responsabilidad del principal por los daños causados en los bienes del trabajador), contemplado en el artículo 76 de la ley de contrato de trabajo, tiene su antecedente y es una aplicación del principio general contenido en el artículo 1109 del Código Civil, que dispone en su primer párrafo: "Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio". Como ha dicho Llambías, esta disposición constituye el principio cardinal de la responsabilidad extracontractual, ya que sienta el principio fundamental del sistema (conforme Llambías, J. J.: "Código Civil anotado" - T. II-B - pág. 430, citado en "López, Rubén c/Asociación Bancaria Sociedad de Empleados", del registro de la Sala X del 31/3/1997).

Considero que resulta indispensable establecer a qué se refiere el artículo 76 de la ley de contrato de trabajo cuando alude a los "bienes" del trabajador. Vazquez Vialard ("Tratado de derecho del trabajo" - T. III - pág. 733 y ss.) ha estudiado los dos aspectos del deber de seguridad y ha dicho que comprende el reintegro de los gastos que, con motivo de la ejecución de la prestación laboral y dentro de un obrar de buena fe, solidario y diligente, puede realizar el trabajador de su peculio particular "para el cumplimiento adecuado del trabajo", evitando interrupciones, dilaciones o demoras perjudiciales a su normal actividad. Generalmente serán pequeñas erogaciones, a veces surgidas de imprevisto, que no han podido ser anticipadas por el empleador. Debe tratarse de gastos necesarios y relativos a la labor que cumple el agente en la empresa.

Por otra parte, al tratar específicamente el resarcimiento de daños, dice el autor mencionado que el deber de seguridad se proyecta también al resguardo de los bienes que el trabajador lleva a la empresa o pone a su disposición para el cumplimiento de la tarea (auto, equipos, herramientas, etc.). Al efecto, no sólo se debe brindar al trabajador un lugar adecuado para que guarde sus pertenencias, sino que también se deben adoptar las medidas pertinentes de protección que eviten su deterioro o pérdida mientras el trabajador cumple sus tareas. Agrega que en la protección legal se incluyen todos los bienes -más propiamente las "cosas": art. 2311, CC- que el trabajador introduce en la empresa.

En efecto, considero que el artículo 76 de la ley de contrato de trabajo, cuando hace mención a los "bienes" del trabajador, lo hace en el sentido jurídico de "cosas" ("objetos materiales susceptibles de tener un valor": art. 2311, CC). Cabe observar que Vélez se apartó aquí de la legislación vigente que, basada en el Derecho Romano, aludía a "cosa" para designar tanto a objetos corporales como incorporales (ver Mariani de Vidal: "Curso de derechos reales" - T. I - pág. 12). Como señala Borda ("Tratado de derecho civil - Parte general" - T. 2 - pág. 33) la palabra "bienes" es usada en nuestra legislación con dos significados distintos. En su acepción genérica, designa todos los objetos materiales e inmateriales susceptibles de valor económico (art. 2312, CC); las cosas quedan, pues, incluidas dentro de este concepto general. En su significado restringido "bienes", por oposición a cosas, designa los objetos inmateriales económicamente valiosos, es decir, los derechos patrimoniales.

Entiendo, por mi parte, que no puede admitirse la interpretación que el actor hace del artículo 76 de la ley de contrato de trabajo (que el deber de previsión abarcaría la totalidad del patrimonio del trabajador). Dice el Código Civil que el conjunto de los bienes de una persona constituye su patrimonio (art. 2312), en este caso se trata del aludido concepto general que comprende bienes materiales e inmateriales o mejor dicho los derechos que recaen sobre ellos (Borda: Ob. cit. - pág. 12). El artículo 76 de la ley de contrato de trabajo, sólo protege las "cosas" en el sentido de objetos materiales que le asigna el Código Civil, y más propiamente las que han sido introducidas en el trabajo, incluso las afectadas en ocasión de un accidente "in itinere" (hipótesis admitida por Centeno; López Justo y Fernández Madrid: "Ley de contrato de trabajo comentada: - T. I - págs. 539/40).

Como han dicho estos últimos autores, el deber de previsión integra el denominado deber de seguridad que comprende, en general, la custodia de las cosas que el trabajador ha llevado a la empresa, quedando por ello el empleador obligado a resarcir los daños sufridos por aquél en sus bienes por el hecho o en ocasión del trabajo. Señala Sardegna ("Ley de contrato de trabajo comentada" - pág. 188 y ss.) que el artículo alude a los bienes introducidos por el cumplimiento adecuado del trabajo, como, por ejemplo, si en un accidente de trabajo se rompe o inutiliza la ropa del dependiente o cuando un viajante ha sufrido un accidente de tránsito que inutilizó su rodado. Siempre que estas contingencias se produjeran mientras estaba el dependiente desempeñando su labor y no fueran imputables al trabajador.

En resumen, la protección legal del artículo 76 de la ley de contrato de trabajo, no abarca los daños que genéricamente pueda sufrir el trabajador en sus derechos patrimoniales sino los que afecten las cosas introducidas en el trabajo siempre y cuando medie relación causal entre aquel daño y esta introducción.

 

 

CON RELACION A LAS DIRECTIVAS DEL ARTICULO 76 DE LA LEY

DE CONTRATO DE TRABAJO

NOTA AL FALLO

Carlos POSE

El estudio de cualquier repertorio jurisprudencial permite visualizar que, en los últimos tiempos, se han incrementando en sede civil los juicios por mala praxis médica, lo que, en nuestra opinión, justifica el estudio del caso que nos ocupa (CNTrab. - Sala X - 17/7/1998 ("García Fernández, Jorge R. c/Centro Médico Obligado") en el que el Tribunal Laboral se ocupa de analizar la posibilidad de que el profesional médico bajo relación de dependencia, perjudicado por uno de dichos eventos, pueda obtener cierta compensación empresaria con base en las previsiones del artículo 76 de la ley de contrato de trabajo.

Según su lectura, el actor -quien reivindicó para sí la condición de profesional médico sometido a una relación laboral- fue demandado en uno de tales litigios civiles con un resultado que le fue favorable, toda vez que el reclamo de su oponente fue rechazado.

No obstante, los magistrados civiles que entendieron en la causa impusieron las costas del litigio por su orden (ver art. 68, "in fine", CPCC), lo que hizo que el actor, obligado a abonar una suma de dinero en concepto de honorarios a los profesionales que le representaron, entablase reclamo contra su empleadora por resarcimiento material y moral en base a las previsiones del artículo 76 de la ley de contrato de trabajo.

El juez laboral de primera instancia habría rechazado el reclamo afirmando, en concreto, que el actor no había logrado acreditar su condición de profesional sometido a una relación de subordinación y dependencia laboral, lo que motivó el agravio específico de éste.

La Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, al estudiar el recurso y prescindiendo de la existencia y/o de la inexistencia de la relación de trabajo, resolvió el rechazo del reclamo por entender que las directivas del artículo 76 de la ley de contrato de trabajo tienen un alcance estricto que no abarcaría los daños que, genéricamente, pudiera sufrir el trabajador en sus derechos patrimoniales sino -exclusivamente- los que afectasen las cosas introducidas en el trabajo, y siempre y cuando medie relación causal entre aquel daño y esta introducción.

El artículo bajo referencia, corresponde destacar, establece específicamente que "el empleador deberá reintegrar al trabajador los gastos suplidos por éste para el cumplimiento adecuado del trabajo, y resarcirlo los daños sufridos en sus bienes por el hecho y en ocasión del mismo".

Ahora bien, en un juicio por "mala praxis médica", el profesional bajo relación de dependencia que resultase vencido no tendría ninguna acción contra su empleadora, ya que sería responsable de un ilícito civil -mala praxis-, y cualquier daño patrimonial y/o moral que sufriese le sería reprochable a título personal. Incluso, la propia empleadora estaría legitimada para iniciarle juicio por daño moral y/o patrimonial que eventualmente hubiese sufrido por proyección y/o aplicación del artículo 1113, primer párrafo, del Código Civil, que obliga a toda persona a responder por los daños que causen sus dependientes.

Por el contrario, cuando el profesional médico bajo relación de dependencia resultase vencedor en dichos juicios por mala praxis -es decir, la demanda y/o la denuncia de su oponente fuese rechazada- habría defendido con éxito no sólo un interés propio -el profesional derivado de su condición de experto en el arte de curar- sino, también, el buen nombre y honor de su empleadora, lo que por una interpretación lata de la norma podría llevar a pensar que tendría derecho a que se le compensasen los gastos patrimoniales sufridos (costas del juicio que hubiese tenido que soportar) en base a las directivas del artículo 76 de la ley de contrato de trabajo toda vez que, por vía de hipótesis, podría inferirse que el daño fue causado por "el hecho o en ocasión del trabajo".

Esta última fue la tesis que, a nuestro entender, esgrimió en sede laboral el actor en defensa de su pretensión.

No obstante, el doctor Simón -en su condición de vocal preopinante- no compartió dicha postura, y defendió una interpretación estricta del artículo 76 de la ley de contrato de trabajo, que sólo obligaría al empleador a responder por daños patrimoniales extraordinarios que incidan sobre las cosas introducidas en el trabajo y/o entregar una compensación por los gastos efectuados por el trabajador en beneficio de la empresa, en la medida en que hayan sido necesarios y se encuentren estrictamente relacionados con la tarea asignada.

Esta interpretación tiene, en rigor de verdad, su origen en un hecho histórico.

El antecedente del actual artículo 76 de la ley de contrato de trabajo no es otro que el artículo 155, inciso 5), del Código de Comercio cuyo texto establecía que "el derecho a la retribución en los casos de accidentes o enfermedades inculpables, no excluye el que tiene el empleado a la indemnización por los daños o pérdidas que sufra durante el servicio que presta al principal, y que estará a cargo de éste".

En su momento, la interpretación de dicho artículo dio lugar a un debate plenario en el que se resolvió que "La acción del apartado 5) del artículo 155 del Código de Comercio, en cuanto alude a la indemnización por los daños o pérdidas que sufra durante el servicio que presta al principal, no se refiere a los daños que los trabajadores puedan sufrir en su salud o capacidad laborativa, sino a los daños de origen patrimonial" (conforme Acuerdo Plenario Nº 3, del 9/9/1994, recaído en autos "Cuculice, Pedro c/Cía. Sansinena" - DT - T. 1949 - pág. 573) y se canalizó, jurisprudencialmente, hacia una mera compensación de daños sufridos en el patrimonio obrero por rotura o pérdida de herramientas propias y/o en los bienes del subordinado que se encuentran bajo custodia empresaria (los objetos introducidos en su cofre, el automóvil estacionado en el garaje de la empresa, etc.).

Así, por ejemplo, se señaló que el artículo 76 de la ley de contrato de trabajo se refiere a valores de instrumentos, herramientas y útiles de trabajo que aporte el agente para el cumplimiento de sus tareas, no comprendiendo ni el daño moral ni los objetos de valor personal -en el caso, el dependiente habría sido víctima de un asalto- (conforme criterio de la CNTrab. - Sala VIII - sent. 19.129 - 30/9/1993, "Pérez, Aníbal c/Banco de la Nación Argentina", citado "Ley de contrato de trabajo" - pág. 169 - Manuales de jurisprudencia - La Ley) y que la falta de entrega de ropa de trabajo debe ser compensada por aplicación del artículo 76 de la ley de contrato de trabajo (CNTrab. - Sala II - 28/2/1993, "Pérez c/Meip Ing. SA" - DT - T. 1994-A - pág. 727; Sala III - 31/3/1993, "Pérez c/Copinco Investigaciones" - DT - T. 1994-A - pág. 524).

En consecuencia, la interpretación estricta y/o rígida de la norma resulta concordante con esta realidad histórica e institucional, ya que el legislador laboral no previó, específicamente, que los juicios por mala praxis médica pudiesen servir como detonante para un reproche de responsabilidad como el que nos ocupa, máxime cuando en dichos litigios lo razonable es que el actor persiga resarcimiento tanto del médico al que atribuye mala praxis, como de la institución responsable por las prestaciones hospitalarias.

Sobre tal base, la doctrina del caso "García Fernández" se constituye en un precedente digno de estudio que, por vía de hipótesis, podrá ser compartido y/o discutido en decisiones posteriores, ya que resulta prematuro todo vaticinio sobre la suerte de este tipo de reclamos.

[1:] Conforme Couture, Eduardo J.: "Fundamentos del derecho procesal civil" - pág. 367

[2:] Conforme Fassi, Santiago C. y Yáñez, César D.: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" - T. 2 - pág. 511

[3:] Palacio, Lino: "Derecho procesal civil" - T. V - págs. 464/5

[4:] Por el contrario, se ha dicho que, no estando bajo custodia de la demandada el lugar donde sus operarios dejan sus bicicletas y motos, no puede responsabilizársela de la desaparición de esos vehículos con base en las directivas del art. 76, LCT (CNTrab. - Sala IV - 22/9/1978, "Noguer c/Siam Di Tella Ltda." DT - T. 1978 - pág. 1071)

[5:] Incidentalmente se ha señalado que el robo de joyas personales de cierto valor dinerario que el obrero llevaba puestas -anillo, pulsera y cadena de oro, reloj- en horas y lugar de trabajo no hace responsable al empleador, en los términos del art. 76, si el robo es dirigido y planeado deliberadamente contra el empleado, pues de ese modo el daño no es producido por el hecho y/o en ocasión del trabajo (CNTrab. - Sala V - sent. 36.360 - 6/5/1986, "Colman Escobar c/Celestino").

Esta última sería la postura de Krotoschin, quien ha señalado que la directiva del art. 76 de la LCT resulta inaplicable cuando el trabajador hiciera entrar en el establecimiento cosas de un valor excepcional en forma no usual y sin objeto útil (conforme "Tratado práctico de derecho del trabajo" - T. I - pág. 321)