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Legislación/Jurisprudencia/Accidente III

RELACIÓN ENTRE EL ACCIDENTE Y EL RESULTADO

 

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Relación entre el accidente y el resultado

 

a) Generalidades

El principio in dubio pro operari no juega en lo que atañe a la apreciación de los hechos sino en los supuestos de aplicación o interpretación de la ley (art. 9 LCT.).

(Sup. Corte Bs. As., 26/11/1996, - Bonzi, Américo A. v. Sasetru S.A.C.I.A.I.E.#2).JA 1999 - II - síntesis.

 

Relación entre el accidente y el resultado

 

a) Generalidades

Para la procedencia de la reparación basta que el infortunio se haya producido durante el tiempo de prestación de servicios, ya sea por "el hecho o en ocasión del trabajo o por caso fortuito o fuerza mayor inherente al mismo"; en tales casos la responsabilidad del patrón se presume sin más excepciones que las especificadas en la misma ley -Del voto en disidencia de los Dres. Moliné O'Connor y López-.

Corte Sup., 11/7/96 - Antón, Noemí G. v. Policlínico Ferroviario y otro).

 

Buenos Aires, julio 11 de 1996.- Considerando: Que el recurso extraordinario es inadmisible (art. 280 CPr. .Por ello, se declara improcedente el recurso extraordinario.- Carlos S. Fayt.- Augusto C. Belluscio.- Antonio Boggiano.- Gustavo A. Bossert.- Adolfo R. Vázquez.- En disidencia: Eduardo Moliné O'Connor. DISIDENCIA DEL DR. MOLINÉ O'CONNOR Y DEL DR. LÓPEZ.- Considerando: 1. Que la sala A de la Cám. Federal de Apels. de la 4ª circunscripción de la prov. de Córdoba confirmó la sentencia de 1ª instancia en cuanto rechazó las indemnizaciones por enfermedad accidente -de orden psíquico- reclamadas por las tres codemandantes con sustento en la ley 9688 (1) y mantuvo, a los fines indemnizatorios, el porcentaje de incapacidad por afecciones columnarias atribuido a la coactora María M. C. Rodríguez.2. Que, para así decidir el a quo consideró que no había sido demostrado que frente al resultado positivo de los análisis practicados a las actoras para comprobar su posible afectación por síndrome de inmunodeficiencia, la patronal hubiese adoptado alguna orden de segregación en el lugar de trabajo, en tanto que la difusión que se dio al hecho en los medios de prensa y radiofónicos no tuvo carácter oficial. Por tal razón, entendió que no se había probado el nexo de causalidad a que había hecho referencia el especialista entre el medio laboral y la patología psiquiátrica padecida por las demandantes como consecuencia de la alegada discriminación. En lo relativo al porcentaje de minusvalía atribuido a la coactora María M. C. Rodríguez, sostuvo que no se había corroborado con la prueba testifical la totalidad de la plataforma fáctica valorada por el experto para atribuirle el 40% de incapacidad por patología columnaria, por lo que cabía desestimar el agravio atinente al reconocimiento de sólo un 20% de incapacidad por tal dolencia. Contra dicho pronunciamiento las actoras interpusieron el recurso extraordinario que fue concedido a fs. 350/350 vta.3. Que, con apoyo en la doctrina de la arbitrariedad, las apelantes expresan que el fallo incurre en autocontradicción al afirmar primeramente que el empleador sólo debe responder por las consecuencias dañosas de las órdenes impartidas para luego sostener que su responsabilidad alcanza a las consecuencias de todo hecho ocurrido "en ocasión del trabajo". Aducen, asimismo, que la decisión, entre otros vicios que padece, omite el tratamiento de cuestiones oportunamente planteadas, valora arbitrariamente la prueba producida y omite considerar elementos de juicio dirimentes. Por su parte, la coactora Rodríguez impugna el pronunciamiento en lo atinente al porcentaje de incapacidad establecido por afecciones columnarias a los fines indemnizatorios.4. Que en lo relativo al agravio vinculado con el porcentual de incapacidad atribuido a la codemandante Rodríguez, el recurso extraordinario es inadmisible (art. 280 CPr.  [2]).5. Que si bien es cierto que los demás agravios reseñados remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común y procesal, ello no resulta óbice para habilitar esta vía de excepción cuando, como acontece en el caso, la decisión no constituye derivación razonada del derecho vigente con adecuación a las circunstancias comprobadas de la causa, lo cual la descalifica como acto jurisdiccional válido.6. Que en efecto, para descartar la responsabilidad atribuida a la empleadora, el a quo se limitó a expresar que no había mediado por parte de aquélla una conducta discriminatoria y que la difusión del supuesto brote de inmunodeficiencia adquirida que se habría presentado en el hospital, por medio de la prensa y de las radios, no había tenido carácter oficial. Tal fundamentación entraña un apartamiento de la norma legal que se dice aplicar. Ello es así pues, con prescindencia de cual fuera la teoría jurídica explicativa de la responsabilidad del empleador consagrada por la Ley de Accidente de Trabajo, para la procedencia de la reparación basta -según sus términos- que el infortunio se haya producido durante el tiempo de prestación de servicios, ya sea por "el hecho o en ocasión del trabajo o por caso fortuito o fuerza mayor inherente al mismo". En tales casos, la responsabilidad del patrón se presume sin más excepciones que las especificadas en la propia ley (Fallos 307-1979 [3]). De ahí que la sentencia, al exigir la demostración de que el daño comprobado resulte una consecuencia directa del obrar de la empleadora, ha introducido un presupuesto de responsabilidad no previsto en la norma aplicable con la cual la torna inoperante y desvirtúa sus propósitos tuitivos.7. Que, por otra parte, los demás razonamientos del a quo tendientes a descartar la existencia de vinculación causal entre el daño y el medio laboral, revelan un examen parcializado de la cuestión en tanto ha soslayado la valoración de pruebas conducentes. Ello es así pues, al haber reparado exclusivamente en la ausencia de responsabilidad directa de la empleadora por las consecuencias dañosas por las que se reclama, el tribunal omitió ponderar la prueba testifical que, según las argumentaciones vertidas por las actoras en su recurso de apelación, daban acabada cuenta de la hostilidad del ambiente laboral a que se vieren sometidas. La adecuada valoración de ese extremo podía haber gravitado en la apreciación de las conclusiones del peritaje psicológico que la cámara desestimó en cuanto atribuían al factor laboral decisiva influencia sobre la salud psíquica de las reclamantes toda vez que los cuadros de depresión reactiva o neurótica que presentan aparecían relacionados de un modo concausal con aquel factor que actuó como desencadenante y exacerbante. De lo expuesto se desprende que la interpretación del a quo se limita a un análisis parcial y aislado de los diversos elementos de juicio pero no los integra ni armoniza debidamente en su conjunto (Fallos 297-100).En tales condiciones, se impone la descalificación del fallo apelado -sin que ello importe emitir opinión sobre la solución que, en definitiva, corresponda dar al litigio- pues media en el caso la relación directa e inmediata entre lo debatido y resuelto y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas.Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto al sentencia con el alcance indicado. Con costas (art. 68 CPr. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente.- Eduardo Moliné O'Connor.- Guillermo A. F. López.NOTAS(1) LA 1989-A-3 - (2) LA 1981-B-1472 - (3) JA 1986-III-762.* * *

 

 

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 A disposición del empleador

Si el agente, en cumplimiento de una comisión de servicios en el exterior, se accidentó jugando un partido de tenis, tal daño no puede encuadrarse en los términos de la ley 9688 (por el hecho o en ocasión del trabajo). Esto es así, porque la circunstancia de que los agentes tuviesen que estar las veinticuatro horas a disposición de sus superiores debe entenderse que tal "disposición" implicaba que en cualquier momento podían ser llamados para prestar servicios y cubrir urgencias derivadas de su labor específica, pero no comprendía lo que aquél decidiera hacer en su tiempo libre, lo cual estaba fuera de toda posibilidad de control patronal.

(C. Nac. Trab., sala 5ª, 30/10/1996, - Ferrara, Ricardo v. Estado Nacional#1).JA 1999 - I - síntesis.

 

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Prueba

Es a cargo del actor demostrar la existencia de relación causal o concausal entre la minusvalía que lo afecta y un accidente del trabajo (art. 375 CPr.

(Sup. Corte Bs. As., 1/10/1996, - Lazarte de Rojas, América L. v. Rojas, Alcira y otros#2).JA 1998 - IV, síntesis.

 

Si la demandada negó las tareas y condiciones ámbito laborales en los que se sustenta concausal entre la incapacidad y el trabajo, corresponde a la parte actora la acreditación de tales extremos (art. 375 CPr.

(Sup. Corte Bs. As., 22/10/1996, - Rufanacht, Oscar F. v. SOMISA#2).JA 1998 - IV, síntesis.

 

Concausa

En el ámbito de la ley 24028, la concausa no es indiferente como en el régimen anterior. Sin embargo, debe tomarse en cuenta, para graduar la indemnización, el porcentaje que corresponde a las tareas y diferenciarlo de aquel que, por provenir de causas internas del damnificado, no encuentra protección en la ley indicada.

C. Nac. Trab., sala 10ª, 17/12/97 - Logreco, Jorge D. v. Línea 22 S.A.).

 

2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, diciembre 17 de 1997.El Dr. Simón dijo: Contra la sentencia dictada en 1ª instancia que hace lugar a la demanda, se alzan la parte actora a fs. 161/162 y la demandada a fs. 163/165, esta última mereciendo réplica de la contraria a fs. 171/172.Se agravia la accionante por el porcentaje de incapacidad que la a quo atribuye al trabajo. La demandada, luego de articular un pedido de nulidad de la sentencia, se queja porque la sentenciante basa su decisión en la pericia médica de autos, a la que considera carente de antecedentes médicos, y solicita el pase de las actuaciones al Cuerpo Médico Forense. Por último, apela los honorarios regulados a los profesionales intervinientes por considerarlos elevados, con excepción de los de su letrado, que los cuestiona por bajos. Por lo pronto, debo señalar que los agravios desarrollados por las recurrentes no constituyen una crítica concreta, pormenorizada y razonada de los argumentos traídos por la sentenciante de grado, conforme lo exige el art. 116 LO. (1), no obstante lo cual, habré de examinar los mismos, con el objeto de dejar salvaguardado el derecho de defensa de la parte y en función del criterio restrictivo con que, a mi juicio, debe ejercerse la facultad otorgada por la ley de declarar la deserción del recurso. Por una cuestión de orden expositivo, trataré en primer término los agravios de la demandada. En primer lugar, respecto de la nulidad, la misma debió ser planteada y resuelta en la instancia en que se produjo el vicio que la originara, aunque la irregularidad haya llegado a conocimiento del nulidicente con posterioridad al dictado del pronunciamiento definitivo, no siendo procedente su planteo al expresar agravios. A mayor abundamiento, señalo que, contrariamente a lo sostenido, la recurrente se encontraba debidamente notificada de la audiencia fijada a los fines del art. 94 LO., conforme surge de las constancias de fs. 155 y vta.En cuanto al dictamen pericial, sostiene la quejosa que no transcribe antecedentes de autos de importancia médico legal; sin embargo el perito médico relató el examen clínico efectuado, fundado en los antecedentes médicos personales y hereditarios y en diferentes estudios tales como radiografías y electromiogramas, por lo que el cuestionamiento de la accionada carece de sustento y no es más que una mera expresión de disconformidad con las conclusiones del fallo. La crítica a las pericias debe ser fundada, ya que las simples desinteligencias del litigante con la opinión del perito son insuficientes para cuestionar su conclusión, si no se arriman al proceso evidencias que convenzan al juez acerca de la equivocación o mendacidad del experto, máxime que, para apartarse el juez de la valoración del perito médico, debe hallarse asistido de sólidos argumentos, ya que estamos ante un campo de saber ajeno al hombre de derecho (conf. C. Nac. Trab., sala 1ª, 30/12/85, in re "Lucchese, Antonio v. Sevel Argentina S.A.", JA 1986-II, síntesis Por otro lado, también propiciaré desestimar el pedido de remisión de las actuaciones al Cuerpo Médico Forense, ya que el dictado de medidas para mejor proveer constituye un resorte exclusivo del magistrado actuante, y no una obligación impuesta por el procedimiento, tal como lo ha resuelto reiteradamente la jurisprudencia. En relación al recurso de la accionante, en primer lugar debo destacar que el facultativo estableció que existe una relación concausal entre los trabajos realizados por el dependiente y el padecimiento por el que acciona y, sin perjuicio de que lo dictaminado no resulta vinculante, siendo facultad del juez, en cada caso, la determinación de dicho aspecto, lo cierto es que el apelante no aporta argumento alguno que justifique apartarse de las conclusiones a las que arriba el magistrado de 1ª instancia sobre la base de lo informado por el experto. Por otro lado, de conformidad con lo expresamente dispuesto en el art. 2 ley 24028 (2), resulta inaplicable la teoría que se ha dado en llamar de la indiferencia de la concausa, en tanto elimina la responsabilidad patronal respecto de aquellas dolencias o incapacidades que no guarden relación causal con el trabajo. En el ámbito de la ley 24028 la concausa no es indiferente como en el régimen anterior. Sin embargo debe tomarse en cuenta, para graduar la indemnización, el porcentaje que corresponde a las tareas y diferenciarlos de aquel que, por provenir de causas internas del damnificado, no encuentra protección en la ley indicada. La distribución de la incapacidad que presenta el accionante, efectuada prudencialmente por la magistrada, resulta a mi ver razonable y, reitero, la recurrente no da ningún motivo atendible como para desviarse de lo resuelto en 1ª instancia, por lo que sugeriré ratificar la sentencia también en este punto. A fs. 164 vta. la demandada apela los honorarios de su letrado por bajos. Este recurso ha sido mal concedido, y así propiciaré se declare, toda vez que una parte no se encuentra legitimada para recurrir los emolumentos de sus letrados por bajos, debiendo éstos presentarse por su propio derecho. En cuanto a los demás honorarios, estimo que los emolumentos regulados a los profesionales intervinientes resultan equitativos, de conformidad con las pautas arancelarias vigentes, por lo que sugeriré que sean confirmados. Por lo expuesto propongo: 1) Confirmar la sentencia recurrida en cuanto fuera materia de recurso y agravios; 2) Costas de la alzada a cargo de la demandada (art. 68 CPr. 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio de las partes actora y demandada, por su actuación en Cámara, en el 30% y 25%, respectivamente, de lo que les corresponda por su labor en la instancia anterior (art. 38 LO.).El Dr. Scotti por compartir los fundamentos del voto precedente, adhirió al mismo. Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se resuelve: 1) Confirmar la sentencia recurrida en cuanto fuera materia de recurso y agravios; 2) Costas de la alzada a cargo de la demandada (art. 68 CPr.); 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio de las partes actora y demandada, por su actuación en Cámara, en el 30% y 25%, respectivamente, de lo que les corresponda por su labor en la instancia anterior (art. 38 LO.).- Julio C. Simón.- Héctor Scotti. El Dr. Gregorio Corach no vota (art. 125 LO.).NOTAS:(1) t.o. 98 LA 1998-A-160 - (2) LA 1991-C-2924.* * *

 

 

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