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Legislación/Jurisprudencia/Accidente InItinere

RELACION ENTRE EL ACCIDENTE Y EL RESULTADO

 

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f) Concausa

De conformidad con lo dispuesto en el art. 2 ley 24028, resulta inaplicable la teoría de la indiferencia de la concausa, en tanto elimina la responsabilidad patronal de aquellas dolencias o incapacidades que no guardan relación causal con el trabajo.

(C. Nac. Trab., sala 10ª, 17/12/1997, - Logreco, Jorge D. v. Línea 22 S.A.#1).JA 1999 - III - 18.

C. Nac. Trab., sala 10ª, 17/12/97 - Logreco, Jorge D. v. Línea 22 S.A.).

2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, diciembre 17 de 1997.El Dr. Simón dijo: Contra la sentencia dictada en 1ª instancia que hace lugar a la demanda, se alzan la parte actora a fs. 161/162 y la demandada a fs. 163/165, esta última mereciendo réplica de la contraria a fs. 171/172. Se agravia la accionante por el porcentaje de incapacidad que la que le atribuye al trabajor. La demandada, luego de articular un pedido de nulidad de la sentencia, se queja porque la sentenciante basa su decisión en la pericia médica de autos, a la que considera carente de antecedentes médicos, y solicita el pase de las actuaciones al Cuerpo Médico Forense. Por último, apela los honorarios regulados a los profesionales intervinientes por considerarlos elevados, con excepción de los de su letrado, que los cuestiona por bajos. Por lo pronto, debo señalar que los agravios desarrollados por las recurrentes no constituyen una crítica concreta, pormenorizada y razonada de los argumentos traídos por la sentenciante de grado, conforme lo exige el art. 116 LO. (1), no obstante lo cual, habré de examinar los mismos, con el objeto de dejar salvaguardado el derecho de defensa de la parte y en función del criterio restrictivo con que, a mi juicio, debe ejercerse la facultad otorgada por la ley de declarar la deserción del recurso. Por una cuestión de orden expositivo, trataré en primer término los agravios de la demandada. En primer lugar, respecto de la nulidad, la misma debió ser planteada y resuelta en la instancia en que se produjo el vicio que la originara, aunque la irregularidad haya llegado a conocimiento del nulidicente con posterioridad al dictado del pronunciamiento definitivo, no siendo procedente su planteo al expresar agravios. A mayor abundamiento, señalo que, contrariamente a lo sostenido, la recurrente se encontraba debidamente notificada de la audiencia fijada a los fines del art. 94 LO., conforme surge de las constancias de fs. 155 y vta. En cuanto al dictamen pericial, sostiene la quejosa que no transcribe antecedentes de autos de importancia médico legal; sin embargo el perito médico relató el examen clínico efectuado, fundado en los antecedentes médicos personales y hereditarios y en diferentes estudios tales como radiografías y electromiogramas, por lo que el cuestionamiento de la accionada carece de sustento y no es más que una mera expresión de disconformidad con las conclusiones del fallo. La crítica a las pericias debe ser fundada, ya que las simples desinteligencias del litigante con la opinión del perito son insuficientes para cuestionar su conclusión, si no se arriman al proceso evidencias que convenzan al juez acerca de la equivocación o mendacidad del experto, máxime que, para apartarse el juez de la valoración del perito médico, debe hallarse asistido de sólidos argumentos, ya que estamos ante un campo de saber ajeno al hombre de derecho (conf. C. Nac. Trab., sala 1ª, 30/12/85, in re "Lucchese, Antonio v. Sevel Argentina S.A.", JA 1986-II, síntesis).Por otro lado, también propiciaré desestimar el pedido de remisión de las actuaciones al Cuerpo Médico Forense, ya que el dictado de medidas para mejor proveer constituye un resorte exclusivo del magistrado actuante, y no una obligación impuesta por el procedimiento, tal como lo ha resuelto reiteradamente la jurisprudencia. En relación al recurso de la accionante, en primer lugar debo destacar que el facultativo estableció que existe una relación concausal entre los trabajos realizados por el dependiente y el padecimiento por el que acciona y, sin perjuicio de que lo dictaminado no resulta vinculante, siendo facultad del juez, en cada caso, la determinación de dicho aspecto, lo cierto es que el apelante no aporta argumento alguno que justifique apartarse de las conclusiones a las que arriba el magistrado de 1ª instancia sobre la base de lo informado por el experto. Por otro lado, de conformidad con lo expresamente dispuesto en el art. 2 ley 24028 (2), resulta inaplicable la teoría que se ha dado en llamar de la indiferencia de la concausa, en tanto elimina la responsabilidad patronal respecto de aquellas dolencias o incapacidades que no guarden relación causal con el trabajo. En el ámbito de la ley 24028, la concausa no es indiferente como en el régimen anterior. Sin embargo debe tomarse en cuenta, para graduar la indemnización, el porcentaje que corresponde a las tareas y diferenciarlos de aquel que, por provenir de causas internas del damnificado, no encuentra protección en la ley indicada. La distribución de la incapacidad que presenta el accionante, efectuada prudencialmente por la magistrada, resulta a mi ver razonable y, reitero, la recurrente no da ningún motivo atendible como para desviarse de lo resuelto en 1ª instancia, por lo que sugeriré ratificar la sentencia también en este punto. A fs. 164 vta. la demandada apela los honorarios de su letrado por bajos. Este recurso ha sido mal concedido, y así propiciaré se declare, toda vez que una parte no se encuentra legitimada para recurrir los emolumentos de sus letrados por bajos, debiendo éstos presentarse por su propio derecho. En cuanto a los demás honorarios, estimo que los emolumentos regulados a los profesionales intervinientes resultan equitativos, de conformidad con las pautas arancelarias vigentes, por lo que sugeriré que sean confirmados. Por lo expuesto propongo: 1) Confirmar la sentencia recurrida en cuanto fuera materia de recurso y agravios; 2) Costas de la alzada a cargo de la demandada (art. 68 CPr.); 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio de las partes actora y demandada, por su actuación en Cámara, en el 30% y 25%, respectivamente, de lo que les corresponda por su labor en la instancia anterior (art. 38 LO.).El Dr. Scotti por compartir los fundamentos del voto precedente, adhirió al mismo. Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se resuelve: 1) Confirmar la sentencia recurrida en cuanto fuera materia de recurso y agravios; 2) Costas de la alzada a cargo de la demandada (art. 68 CPr.); 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio de las partes actora y demandada, por su actuación en Cámara, en el 30% y 25%, respectivamente, de lo que les corresponda por su labor en la instancia anterior (art. 38 LO.).- Julio C. Simón.- Héctor Scotti. El Dr. Gregorio Corach no vota (art. 125 LO.).NOTAS:(1) t.o. 98 LA 1998-A-160 - (2) LA 1991-C-2924.* * *

 

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